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EpC: El Tribunal Supremo advierte de que colegios y docentes pueden ser denunciados


jueves, 19 de febrero de 2009


El Tribunal Supremo admite que Educación para la Ciudadanía es una asignatura susceptible de ser denunciada ante los tribunales, no por su contenido, sino por la manera de impartirlo.

Sus cuatro sentencias -que responden a los recursos de tres familias de Asturias y una de Andalucía- se centran en poner límites al posible adoctrinamiento en las aulas que puede suscitar la asignatura.

Las sentencias -similares entre sí y con 11 votos particulares- dejan claro, primero, que los contenidos de la materia fijados por el Estado en sus reales decretos y por las citadas comunidades en sus respectivas órdenes no están reñidos con la libertad ideológica, no dan pie a la objeción de conciencia y, por tanto, de entrada, todos los alumnos deben estudiarlos. Pero pone especial acento en que la asignatura «no debe ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española».

En una sociedad democrática, agregan los jueces, «no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas», ya que éstas pertenecen «al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y, por supuesto, al de las conciencias individuales».

Así pues, advierte que los padres pueden recurrir a la Justicia si aprecian sesgo ideológico en lo que reciben sus hijos en el aula. Y, además, insta a los tribunales de lo Contencioso Administrativo a que adopten «medidas cautelares» si procede.

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que se mostró ayer satisfecha con la sentencia porque es «absolutamente clara» y «unifica doctrina», no eludió el fondo de la cuestión suscitada por el Supremo.

Desde su Departamento se insta a que los responsables de impartir la materia aborden todos los puntos de vista sobre los temas tratados y no se muestren proclives a ninguno de ellos, informa Marisa Cruz. También admite que, si los padres perciben una enseñanza tendenciosa, pueden denunciarlo, primero ante la Administración y, si ésta lo rechaza, ante los tribunales.

Los niños que hasta ahora han faltado a clase -unos 150, según el Ministerio- deberán entrar en el aula y estudiar la materia, insistía ayer la ministra. Después, si tienen alguna queja, tendrán que volver a iniciar todo el procedimiento con pruebas palpables de actuaciones adoctrinadoras. Si no van a clase, Cabrera reiteró que suspenderán EpC y no podrán obtener el título de ESO, igual que si suspendieran Matemáticas.

Las plataformas de objetores se mostraron ayer «satisfechas» con las sentencias, ya que, en su opinión, «ratifican el derecho de los padres a que no se adoctrine a sus hijos». Por ello, recomendaron vigilar los contenidos que éstos reciben por si cabe acudir a los tribunales.

Por parte del PP, su portavoz adjunto en el Congreso, Alfonso Alonso, invitó al Gobierno a revisar y excluir los contenidos de EpC antes de que «vayan siendo impugnados uno a uno por los padres».

Las claves

  • «El derecho a la libertad ideológica no es necesariamente incompatible con una enseñanza que transmita la realidad social de concepciones diferentes».
  • «La compatibilidad [con la libertad ideológica] será de apreciar siempre que la exposición de esa diversidad se haga con neutralidad y sin adoctrinamiento, dando cuenta de la realidad y del contenido de las diferentes concepciones sin presiones dirigidas a la captación de voluntades a favor de alguna de ellas».
  • «Cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales propósitos desviados de los fines de la educación, ese derecho fundamental les hace acreedores de la tutela judicial efectiva, preferente y sumaria que han de prestarles los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, los cuales habrán de utilizar decididamente, cuando proceda, medidas cautelares».
 
Fuente: elmundo.es
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